El monte en las preguntas

Por Biól. Cristian Schneider

Si bien desde la sanción de la Ley Nacional 26331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” en 2007 -ley que surgió de la masiva presión ciudadana y el trabajo de innumerables actores políticos y de la sociedad civil-, disminuyó considerablemente la tasa de deforestación que se venían produciendo, aún así 2,8 millones de hectáreas de bosque nativo fueron deforestadas desde ese año hasta el 2018. Un tercio de esa deforestación se dio en Categoría I y II Zonas Rojas y Amarillas de protección donde la prohibición del desmonte es absoluta, y otro tercio en bosques nativos ¡sin categorizar! Sí, hay provincias con ecosistemas de bosque nativo que no sólo no fueron incluidos en alguna Categoría, sino que además permiten su desmonte (los “bosques invisibles”, en eso los convierten). El tercio restante del desmonte se produjo en Categoría III Zonas Verdes, que lejos de la oportunidad de materializar modelos sustentables de uso y restauración de ecosistemas de bosque en estado de degradación, fueron la variable de sacrificio y transformación total de ellos, incluso sobre sitios en buen estado de conservación. Recordando que por Constitución Nacional el dominio originario sobre los recursos naturales es de las jurisdicciones provinciales, y que a través de los Ordenamientos Territoriales de Bosque Nativo (OTBN) provinciales, las decisiones de planificación, instrumentación y control corrieron por cuenta de estas, la responsabilidad entonces de esta destrucción ambiental ha sido de estos gobiernos, en contextos de macro políticas económicas y productivas nacionales que la promovieron y profundizaron.

¿Este es el espíritu que entienden los gobiernos de la ley ambiental más importante de nuestro país? ¿de la primera Ley de Presupuestos Mínimos que tanto esfuerzo costó obtener, que tanto invocamos desde la ciudadanía al momento de demandar la defensa de nuestro ambiente? ¿Por qué hoy es tan difícil obtener la voluntad gubernamental para que las leyes sean instrumentos ciertos de política ambiental territorial y no meros enunciados de intenciones? Y si la voluntad de cumplir no está, ¿vamos a priorizar eternas reformas a obtener hechos concretos de implementación? ¿Necesitamos Leyes que solo enuncien algo? ¿No necesitamos que las leyes instituidas, aún en la generalidad de las escalas en su letra, sean compromisos ineludibles y tangibles en la responsabilidad de la defensa de derechos colectivos, ciudadanos y de naturaleza? Es innegable que los intereses económicos y productivos que promueven estos problemas y conflictos ambientales, son muy efectivos en su incidencia y participación en las políticas ejecutivas gubernamentales.

 

 

Analizando el caso de la Provincia de Córdoba, sumamos que su OTBN se encuentra vencido y pendiente de actualización desde 2015 (situación similar con la gran mayoría de las provincias), en una negativa a convocar un proceso participativo ciudadano transparente -que demanda la Ley 26331 y demás normativa de COFEMA-. Participación ciudadana que incluso es mencionada en la Ley 10208/14 de Política Ambiental, donde se instituyen los Ordenamientos Ambientales Territoriales Provincial y Municipales aún adeudados. ¿Cómo entonces es considerada la participación social de las comunidades afectadas por estas problemáticas en la construcción de políticas públicas, si ni siquiera se cumplen mínimamente la letra de las leyes vigentes?

Con 30 Áreas Protegidas provinciales legisladas sobre 4 millones de hectáreas y sin implementar en sus aspectos mínimos, este año padecimos 340.000 ha quemadas, superficie récord histórico en décadas para la provincia, de incendios en su gran mayoría de origen humano e intencional, convertidos ya -incluso a nivel nacional-, en las nuevas topadoras del siglo XXI. Y todo esto en un contexto de pandemia mundial, provocada por la misma destrucción de ambientes de los modelos productivos y de uso de la biodiversidad que nos rigen. Y producto de ella, los mecanismos sociales de cuidados implementados, hoy atraviesan negativamente la calidad de nuestra participación ciudadana, visto las audiencias públicas y reuniones políticas virtuales que no son diálogos, sino convenientes mecanismos de control de la discusión, para quienes en suerte puedan llegar a acceder a esas pantallas-espacios. ¿Reduciremos hoy la participación a su mínima expresión virtual, en este contexto de pandemia -y en las que vendrán-, solo alcanzables para quien pueda tener acceso digital de calidad o se les permita hacerlo, en un entorno de absoluto control de sus resultados? La ecuación cierra: control de la participación si, transparencia y licencia social no.

 

 

¿Hacia dónde miramos? ¿Discursos o política participativa en el territorio? ¿Seguimos siendo inducidos a análisis superficiales de nuestras crisis ambientales, y por lo cual no nos permitimos pensarnos en un modelo de política, producción y vida radicalmente diferente al que nos tienen acostumbrados gobiernos, industrias, capitales económicos y medios de comunicación? ¿Decidimos que así fuera?

La certeza quizás llegará cuando demandemos masivamente y construyamos socialmente el espacio de decisión sobre cómo deseamos y necesitamos habitar y habitarnos en nuestros territorios, y eso es un derecho invisibilizado deliberadamente, que tienen por costumbre relegar fundamentalmente las clases gobernantes, en pos de intereses absolutamente ajenos a la salud colectiva y la justicia ambiental.